Ley de protección de datos: nuevas obligaciones

El cumplimiento de la Ley orgánica de Protección de Datos requiere estar al tanto y al día de su normativa.

Las nuevas obligaciones entran en vigor en mayo. Pero, ¿ qué empresas están obligados a tener un delegado de protección de datos?
En primer lugar hay que saber si debe asignar un delegado de protección de datos ya que es la persona que se encarga de informar a la empresa y la que debe cooperar con la Agencia española de Protección de Datos. Por ende, el delegado de protección de datos de una empresa figura como responsable en la declaración que se inscribe el la AEPD. Puede pertenecer a la plantilla de la empresa y puede ser el mismo empresario o autónomo o se puede encargar a un gestor externo.
El citado artículo 37 de la Ley de LOPD especifica qué empresas y entidades estarán obligadas a tener un delegado de protección de datos, a continuación os las detallamos:
• Autoridades y organismos públicos. Aquí se exceptuarían los tribunales que actúen en el ejercicio de sus funciones.
• Operaciones que requieran una observancia habitual y sistemática de interesados a gran escala. Es decir, empresas que manejen un gran volumen de datos o que estos sean especialmente sensibles.
• Actividades que impliquen el tratamiento de datos personales de categorías especiales (sexo, religión, etc..)
• Entidades que trabajen con datos relativos a condenas e infracciones penales.
• Colegios profesionales de todo tipo.
• Centros docentes y Universidades públicas y privadas.
• Entidades que explotan redes y prestan servicios de comunicaciones electrónicas.
• Prestadores de servicios de la sociedad de la información. Aquí entraría la prensa y actividades similares.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades aseguradoras y reaseguradoras.
• Empresas de servicios de inversión.
• Distribuidoras y comercializadoras de energía.
• Actividades de publicidad y prospección comercial.
• Centros sanitarios de todo tipo.
• Entidades que emitan informes comerciales que se refieran a personas físicas.
• Actividades de seguridad privada.

Para la inscripción del responsable del fichero en la AEPD:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNOTA/servicioNOTA.jsf

 

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La cultura de servicios de los despachos….

……..de abogados y asesores. La pregunta que nos debemos hacer es:  ¿hace falta cultivar la atención al cliente?

Los errores en la atención al cliente pueden ser muchos pero yo diría, los que apunta Óscar Fernández León son los más graves.

No valorar y no informar al cliente, a parte de la falta de transparencia en cuanto a honorarios y gastos, son lo peor que un cliente se puede imaginar.

Todos somos clientes  en algún ámbito, en algún momento de nuestra vida.

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¿Por qué no simplemente seguir la regla de oro? “no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti “.

A partir de esta regla se puede comenzar prestar un buen servicio, una buena atención al cliente y,  ¿cómo no?: Educar al cliente

“Cuando el cliente comienza una relación profesional con un abogado, es necesario que éste le ilustre de las normas de organización y funcionamiento del despacho y muy especialmente en horarios y forma de contactar. Aquí es donde pueden exponerse las limitaciones de acceso y vías alternativas en caso de imposibilidad del mismo. No obstante, esta formación no es algo que se soluciona a la primera, pues es una cuestión de tiempo, y dependerá del lazo de respeto y la confianza que se irá creando con el paso del tiempo.”

http://www.legaltoday.com/blogs/gestion-del-despacho/blog-manual-interno-de-gestion/errores-solo-algunos-del-abogado-en-la-atencion-al-cliente

Un despido sin causa es improcedente

Los tribunales confirman que el despido sin causa no es un despido nulo sino improcedente, que es distinto.

Efectivamente, entre nulidad e improcedencia hay una diferencia bastante grande en cuanto a las consecuencias del despido:
“Se trata de una aclaración importante, ya que, dependiendo de la calificación, el procedimiento es distinto. En este sentido, si la salida no voluntaria de un trabajador es considerada nula por un juez, no hay derecho alguno a indemnización y el empleado debe ser readmitido con el abono de los correspondientes salarios de tramitación, mientras que si es un despido improcedente sí cabe una indemnización.”

http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/02/09/5a7dcbf746163fa9428b4635.html

Los gastos de hipoteca se pueden seguir reclamando.

El tribunal Supremo no obliga a los bancos a pagar el IAJD en la formalización de los préstamos hipotecarios. Por lo tanto, se pueden reclamar los gastos de la hipoteca por constituir una cláusula abusiva pero de momento no se va a conseguir la devolución del IAJD. Hará falta que se pronuncie el TJUE y esperar que cómo en ocasiones anteriores, la justicia europea falle a favor de los consumidores.
“La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se pronunció ayer sobre quién debe abonar el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) cuando se formaliza un préstamo hipotecario. El fallo ha sido favorable a los bancos, sentenciando que el prestatario, es decir, el cliente, es el sujeto pasivo de este impuesto y, por tanto, el obligado al pago.”

http://www.lawandtrends.com/noticias/civil/los-gastos-de-hipoteca-se-pueden-seguir-reclamando-1.html

Algunos efectos colaterales del despido.

El artículo aborda unos interesantes supuestos que se dan en la realidad con bastante frecuencia y cualquier trabajador o trabajadora debería saber cómo actuar si le toca vivir esta experiencia.

1.-  ¿Qué hacer si la empresa “manda al empleado  al paro”?

Pues bien, no es más que un despido, a todas luces. La empresa que actúa así finaliza la relación y el hecho equivale una situación de despido. Por tanto el trabajador tiene derecho a reclamar una indemnización  y percibir la prestación por desempleo si cumple los requisitos. La empresa no tiene nada que prometer al respecto  ya que el derecho a la prestación por desempleo no depende de la voluntad de la empresa sino del cumplimiento de unos requisitos determinados (tiempo, cotizaciones, fin de contrato, etc.

2.-¿Qué hacer si se comprueba que la empresa ha dado de baja al trabajador en la Seguridad Social?

Estamos igualmente ante la situación en la que la empresa finaliza la relación laboral y a partir de este  momento habrá motivo para la impugnación del despido.

3.- ¿Qué hacer cuando se recibe la notificación de despido?

Lo recomendable es impugnar el despido dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha efectiva del despido. No hay que dejar nunca transcurrir este plazo ya que sólo el despido declarado improcedente dará derecho a la indemnización prevista en la Ley. Los abogados recomiendan interponer en el mismo acto la demanda de reclamación de cantidad, para poder percibir todas las cantidades económicas pendientes a pesar de que el trabajador tenga un plazo de 12 meses para  presentar una demanda de reclamación de cantidad.

4.- Qué hacer cuando el despido toca a un representante de los trabajadores o miembro del comité de empresa?

En este caso el despido impugnado en plazo será declarado nulo con el resultado de la readmisión inmediata y con derecho a todos los salarios dejados de percibir.

La empresa “no te manda al Paro” sino que al finalizar tu contrato de trabajo (evidentemente por despido) tendrás derecho a percibir la prestación por desempleo que, si cumples los requisitos, te corresponderá, te prometa lo que te prometa la empresa.

Origen: Algunos efectos colaterales del despido: planteamientos y respuestas | Laboral | LawAndTrends

Ser beneficiario de un seguro de vida sin saberlo.

pexels-photo-261625.jpegEsta situación puede ocurrir cuando los herederos de una persona fallecida ignoran que el difunto tenía contratado un seguro de vida y este desconocimiento podría ocasionar a los herederos pérdidas de miles de euros.

El Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento

Pues bien, para averiguarlo existe el Registro de Contratos de Seguro de Fallecimiento, regulado mediante la Ley 20/2005 de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento y el Real Decreto 398/2007 que la desarrolla.

Es un registro público, dependiente del Ministerio de Justicia cuya finalidad es suministrar la información necesaria para que pueda conocerse por los posibles interesados si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento, así como la entidad aseguradora con la que lo hubiese suscrito.

De modo que cualquier persona que pueda tener la condición de beneficiario podrá dirigirse al Registro con la finalidad de reclamar la prestación derivada de la póliza de seguro.

En este Registro también figuran los seguros de vida y accidente que cubra la contingencia de la muerte.

 

Publicidad y acceso al Registro.
El Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento es público y podrá tener acceso al mismo cualquier persona interesada en obtener información acerca de si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento y de la entidad aseguradora con quien esté suscrito.

El acceso al Registro sólo podrá realizarse una vez fallecido el asegurado, previa acreditación de tal circunstancia, y siempre que hayan transcurrido quince días desde la fecha de defunción.

El plazo durante el que estarán disponibles los datos en el Registro será de cinco años contados desde la fecha indicada en el párrafo anterior. No obstante, los datos relativos a contratos cuyas prestaciones hayan sido satisfechas por la entidad o entidades aseguradoras se cancelarán del Registro tan pronto como al órgano encargado de su gestión le sea comunicada tal circunstancia por la entidad aseguradora.

¿Cómo darse de alta en el registro?
Las entidades aseguradoras que celebren o hayan celebrado contratos de seguros relativos a los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y a los seguros de accidentes en los que se cubra la contingencia de la muerte del asegurado, deben darse de alta en el registro para enviar periódicamente la información de los contratos.

Tal obligación resultará de aplicación tanto a las entidades aseguradoras españolas como a las domiciliadas en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo que ejerzan su actividad en España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.

Para darse de alta en el registro hay que presentar un escrito en el:

REGISTRO GENERAL DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
MINISTERIO DE JUSTICIA
Plaza de Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid

Según apartado 5 del Anexo I del RD 398/2007 de 23 de marzo.

Se facilita un modelo no obligatorio para este escrito: Modelo alta en el Registro (PDF. 21 KB)

Para más información de cómo darse de alta en el registro contactar con Centro de Atención al Ciudadano

Normativa.
Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.
Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.

Fuente: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/registro-contratos-seguros#id_1215198101115

¿Contrato laboral o mercantil?

Atento a las diferencias

Utilizar un contrato mercantil cuando realmente existe una relación laboral se conoce como un falso autónomo y tendremos que atenernos a las consecuencias. Las empresas suelen hacer sus cálculos y resulta que tener a un trabajador con contrato laboral implica costes altos: salario bruto, cotización a la Seguridad Social, bajas y vacaciones, despidos e indemnizaciones. En cambio un contrato mercantil implica pagar por los servicios prestados soportar IVA, en su caso, y listo.

Ahora bien, la relación laboral existe si se cumplen los requisitos para ella y la relación mercantil sólo puede existir si no hay una relación de dependencia sino una relación de igualdad entre dos partes.

 

Contratos laborales

Tal y como establece el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores:

La presente Ley (Estatuto de los Trabajadores) será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

Las notas fundamentales de la relación laboral son:

Dependencia. Para considerar que una relación de prestación de servicios es laboral debe llevarse a cabo dentro del ámbito de la organización y dirección del empleador, de forma que es el empresario el que puede modular permanentemente el contenido de la prestación exigible al empleado.

El concepto de dependencia conlleva: la subordinación a la persona con facultades de mando; el sometimiento a un horario y a normas disciplinarias; el seguimiento del rendimiento; el control de tiempos y la presentación de partes de trabajo o informes del mismo.

Ajenidad. Se aprecia fundamentalmente en que el resultado del trabajo no pertenece al empleador y también en que el trabajador no se ve afectado por el resultado económico del empresario ni por los riesgos que la empresa asuma.

Retribución. Para presumir la existencia de relación laboral es imprescindible que la actividad se preste a cambio de una retribución, cualquiera que sea la forma de la misma. La inexistencia de salario determina la ausencia del contrato de trabajo, aunque no es determinante la forma en que se perciba la remuneración

Carácter personalísimo. Para que consideremos una relación como laboral, es imprescindible que se especifique la persona que va a realizar la prestación. No es posible la sustitución de la persona del trabajador como contraparte de un mismo contrato de trabajo.

Asiduidad. El hecho de la asistencia habitual del trabajador al mismo centro de trabajo o la duración de los trabajos que realiza pueden ser indicativos de la naturaleza laboral de la relación, pero son solo indicativos, no notas esenciales.

Contratos Mercantiles

El denominado “contrato mercantil ” es un contrato de arrendamiento de servicios, por el cual una persona física o jurídica asume la obligación de prestar unos servicios por un precio cierto. Existen muchos tipos de contratos mercantiles y dentro de ellos, por la causa y forma del mismo destacamos el “contrato de prestación de servicios con un profesional autónomo” donde se establece una relación de igualdad entre dos partes, en la que una (el autónomo) se compromete a prestar un servicio determinado y la otra parte (la empresa), a satisfacer unos honorarios por ese servicio.

Para la existencia de un contrato mercantil, en contraposición a lo descrito respecto al contrato laboral:

No existe dependencia: El profesional sujeto a contrato mercantil ha de prestar servicios con medios y organización propia.Debe existir libertad horaria, autonomía e independencia en el trabajo desarrollado

El carácter personal no existe. Los trabajos concertados podrán ser realizados por personal a cargo del trabajador con contrato mercantil.

La retribución no estará sujeta a Salario Mínimo Interprofesional o convenios colectivos, limitándose a lo pactado entre las partes. En este caso, claro está, no existiría nómina, sino factura.

Se regirá el Código del Comercio, el Código Civil y el resto de leyes civiles.

 

TRABAJADOR CONTRATO LABORAL CONTRATO MERCANTIL
Normativa Aplicable Estatuto de los Trabajadores Código de Comercio
Resolución de conflictos Jurisdicción Social Jurisdicción Civil
Sueldo Nómina- Periódico Factura- Por servicio
Cotización a la Seg. Social Cotización al RGSS asumida en su mayor parte por el empresario Cotización al RETA o alta en Mutua a cargo exclusivo del autónomo
Horario/Jornada Establecido por la empresa sujeto a convenio colectivo y regulación por art. 34, ET Sin horario establecido
Dependencia de la empresa Total Parcial
Derechos vacaciones, bajas médicas y sus prestaciones, excedencias, reducciones de jornada, etc. Salvo lo regulado respecto a los TRADE No existen este tipo de derechos frente a la empresa a la que se presta servicios por cuenta ajena
IRPF Retenciones en nómina Porcentaje aplicable a la factura
IVA No Declaraciones trimestrales y anuales
Indemnizaciones Según el tipo de extinción, existen de varios tipos Salvo pacto expreso en el contrato. No existen indemnizaciones
Paro Si. El trabajador cotiza por el desempleo No. Solo en caso de abonar ese derecho
Vacaciones pagadas Si No

Consecuencias

Si se utiliza un traje mercantil para disfrazar una verdadera relación laboral, además de encontrarnos ante lo que se conoce como un falso autónomo tendremos que:

  • abonar una indemnización por despido improcedente en caso de reclamación de despido por parte del falso autónomo al final de la relación laboral Se considerará la existencia de contrato laboral desde que se dieron las características laborales en la relación.
  • pagar una sanción económica por no haber dado de alta en el RGSS al trabajador (entre 3.126 euros – 10.000 euros (art. 40.1.e.1. LISOS))
  • afrontar la posible reclamación de las cotizaciones de los últimos 4 años, más una sanción consistente en una multa equivalente al valor del 100% al 150% de dichas cotizaciones no ingresadas (art. 40.1.d.2 LISOS).

Fuente: http://cissactualidad.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMjc1MLQ7Wy1KLizPw8WyMDQ3NDAyNztdLi1CJbd3dLU3MzU1-XILWCxOLictsw4yhLpzCQ6sy0Spf85JDKglTbtMSc4lS13MSSEqAWZ3-_EEcnH1co3zu10tbXMcQ1yNMRAC7A_-50AAAAWKE

 

¿Para que´sirve el domicilio social?

¿Para qué sirve el domicilio social?

Normativa aplicada
Ir a Norma RDLeg. 1/2010 de 2 Jul. (texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

TÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO II. Denominación, nacionalidad y domicilio

SECCIÓN 3.ª. Domicilio

Artículo 9. Domicilio.
Artículo 10. Discordancia entre domicilio registral y domicilio real.

Doctrina relacionada
Determinación del domicilio social de la sociedad anónima (IRIARTE IBARGÜEN, AINOA) Todo Sociedades Mercantiles , Editorial CISS
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El domicilio social de una empresa es el lugar en que se halla el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación. Este ha de figurar en las escrituras de la sociedad y para modificarlo solo es necesario el acuerdo de los administradores, (o en caso de previsión expresa en contrario de los estatutos, su aprobación en Junta), su confirmación mediante documento público y su inscripción en el Registro Mercantil.

Puede haber casos en los que el domicilio social sea sólo en centro de administración y no donde se realice efectivamente la actividad. Sin embargo es importante destacar que cuando el domicilio social y fiscal no coincidan es el domicilio social el que determina en que Registro Mercantil han de inscribirse los actos y las cuentas societarias y eso, entre otras muchas funciones, tal y como podemos observar en la tabla que reproducimos a continuación.

http://bit.ly/2yBE8n6

diariolaley – Documento

 

CITA:

Considero que el art. 155 incorpora una institución de especial trascendencia, instrumento unilateral y asimétrico en manos del Poder Central («medio extraordinario de coerción», STC 49/1988 (LA LEY 3669-JF/0000)), y cuyo empleo requiere prudencia política, lo cual no significa que no deba de ser puesto en práctica de modo constitucionalmente adecuado si la situación lo exigiera, y no resultara aconsejable la utilización de otras posibilidades menos radicales.

Origen: diariolaley – Documento

Modalidades de interrogatorio y forma de realizar las preguntas | Despachos | LawAndTrends

Para preparar un juicio es muy útil saber realizar un buen interrogatorio y conocer los distintos tipos de preguntas. Ahora bien depende mucho de la persona que estamos interrogando y antes que nada si es parte, parte contraria, testigo nuestro, testigo contrario o un perito.

Y claro,……las preguntas prohibidas se pueden formular, aunque el juez no la admita o el abogado de contrario proteste……….ahí quedan.

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