La actividad del Influencer

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La publicidad realizada por determinadas personas a través de las redes sociales, está experimentando un importante crecimiento.

Se trata de una actividad que plantea numerosos interrogantes legales, que fueron recientemente abordados en una jornada organizada por Garrigues.

 

 

 

Aspectos fiscales, laborales y de protección de datos

Sobre la fiscalidad del trabajo con influencers, Álvaro de la Cueva distinguió entre la tributación por IRPF y la tributación por IVA.

En cuanto a la primera destacó que en tanto que actividad que combina medios de producción y trabajo, el trabajo de los influencers está sujeta a IRPF, aunque se realice de modo esporádico. En la base deben incluirse los posibles pagos en especie percibidos, en forma generalmente del producto anunciado. Y como este concepto es a su vez fiscalmente deducible para la empresa, hará falta que esta aporte el soporte documental adecuado de la entrega realizada.

En cuanto al IVA, el influencer debe en todo caso emitir factura que incluya este impuesto, la empresa pagarlo y el influencer ingresarlo (o compensarlo en su caso).

A los aspectos laborales se refirió Felipe Ochoa, quien indicó, para empezar, que no existe una regla clara para trabajar con influencers, por lo que en principio, cabe aceptar

la figura del trabajador autónomo. Pero subrayó a este respecto la importancia de evitar la figura de los falsos autónomos (personas sujetas a relación laboral con la empresa, pero con apariencia de ser trabajadores autónomos), para lo que los criterios de independencia y subordinación resultan muy relevantes.

También se refirió a los posibles casos de pluriactividad, en la que un trabajador de la empresa combine su actividad laboral con la de influencer. En estos supuestos Ochoa recomendó suscribir un contrato diferente para cada actividad, en los que sus respectivos ámbitos queden claramente diferenciados.

En ambos casos el punto crítico de la relación suele ser el momento de su extinción o finalización, en la que habrá que dejar todos los extremos lo más claros posible, aplicando transversalmente las cautelas necesarias.

Ochoa se refirió también a los posibles casos de menores influencers y la política de prevención de riesgos laborales a aplicar cuando aquél deba realizar para la promoción acordada actividades que puedan suponer un riesgo físico, pues el juego de las obligación de coordinar las actividades de prevención del anunciante, junto con las posibles indemnizaciones por las lesiones sufridas, puedan acarrear serias consecuencias.

Finalmente, a los aspectos relativos a la protección de datos a que debe someterse esta actividad, fueron abordados por Katiana Otero, quien advirtió de las precauciones que convienen tomar a este respecto.

Por ello puso énfasis en preparar unas cláusulas de privacidad adecuadas que prevean quien va, en su caso, a recoger y a tratar datos personales, así como la finalidad de ese tratamiento, teniendo especial cuidado con los relativos a menores y el principio de accountability o responsabilidad proactiva que debe respetarse, velando en particular porque comprobar que todo interesado es quien dice ser.

Y aunque contratar a un influencer no supone necesariamente que la marca acceda a su base datos de seguidores, Otero recomendó precisar tanto el posible uso que se va a hacer tanto por el influencer de la base de datos de contactos que le pueda suministrar la marca, como la de seguidores influencer a la que pueda acceder esta, teniendo en cuenta que en determinadas circunstancias el influencer podría ser considerado encargado del tratamiento de esos datos.

Carlos B Fernández.

 

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Los Abogados tienen 10 meses para inscribirse en el RM

El plazo termina el 4 de septiembre de 2019 bajo pena de sanción de hasta 6.000 euros.

El Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE de 4 de septiembre, introduce en el apartado 33 de su art. 2 una Disposición Adicional Única en la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para regular la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

“Las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de esta ley, deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio”.

¿Quiénes deben inscribirse?

La obligación alcanzará a las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional:

a) Constituyan sociedades u otras personas jurídicas;

b) Ejerzan funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejos de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones;

c) Faciliten un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos;

d) Ejerzan funciones de fideicomisario en un fideicomiso (trust) expreso o instrumento jurídico similar o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones;

e) Ejerzan funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conforme con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza esas funciones (en el papel de testaferros…).

¿Cómo realizar la inscripción?

Las personas físicas o jurídicas que a 4 de septiembre de 2018 se encuentren realizando alguna de las actividades anteriormente indicadas y no se hayan inscrito, deberán inscribirse antes de un año, esto es, antes del 4 de septiembre del 2019.

De igual modo, aquellas que ya estuviesen inscritas en el Registro Mercantil deberán dentro del mismo plazo, presentar una manifestación indicando estar sometidas a las normas incluidas en el Real Decreto Ley, siendo que las personas jurídicas, en todo caso, deberán presentar adicionalmente una manifestación indicando e identificando, al correspondiente titular real o los titulares reales que resulten en cada caso.

Para el resto de personas físicas y jurídicas afectadas por el Real Decreto Ley, deberán inscribirse en los términos anteriormente indicados con anterioridad al inicio de sus actividades en el Registro Mercantil territorial competente según sea su domicilio.

La inscripción se realizará a través de un formulario telemático elaborado por el Ministerio de Justicia.

Cuentas Anuales

Por otra parte, las personas físicas (no profesionales) y las jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo disponen sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil acompañadas de un documento del que resulten los siguientes datos:

a) Los tipos de servicios prestados.

b) El ámbito territorial donde opera.

c) La prestación de este tipo de servicios a no residentes.

d) El volumen facturado por estos servicios en el ejercicio vigente y en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se debe indicar así expresamente.

e) El número de operaciones realizadas. Si no se hubiera realizado operación alguna se deberá indicar así expresamente.

f) En su caso, el titular real si existiere o la modificación del mismo respecto del que ya conste en el Registro.

Los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales estarán obligadas a depositar, de manera telemática, un documento similar al descrito (a efectuar dentro del primer trimestre de cada año) pero obviando, como es lógico, el contenido referente a la titularidad real.

La falta de inscripción de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a las actividades obligadas a inscripción, o la falta de manifestación de sometimiento a la misma o de la titularidad real en el caso de personas jurídicas, tendrá la consideración de infracción leve pudiendo ser sancionada con multa por importe de hasta 60.000 euros.

Estas sanciones podrán ir acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.

Desconcierto y malestar

A pesar de que probablemente muchos aspectos de la nueva regulación deberán ser “matizados” por un desarrollo legal posterior, es constatable que los términos normativos expresados en el RDL 11/2018 han dado lugar, cuando menos, a desconcierto y malestar entre los abogados.

Fuente:

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

http://cissactualidad.ciss.es

 

Roleplayjuridico | El Procedimiento Monitorio después de la reforma operada por la Ley 42/2015

Documentación justificativa de la deuda. Inadmisión a trámite

La deuda ha de ser líquida, vencida y exigible, debiendo acompañar a la demanda monitoria (que puede ser sucinta) un “principio de deuda” que nuestros Juzgados y Tribunales vienen entendiendo de distintas formas; las Audiencias Provinciales han determinado de forma más o menos pacífica que toda aquella documentación que justifica indiciariamente las relaciones mercantiles entre las partes y la generación de la deuda reclamada es suficiente, pero los Juzgados de Instancia, entiendo que por exceso de trabajo en unos casos y exceso de celo del LAJ en otros, inadmiten a trámite demandas monitorias en supuestos en los que la deuda está plenamente acreditada, amparándose en falta de albaranes (aunque haya certificados de entrega de empresas de transporte o facturas firmadas) o por aportación de copias en lugar de originales. Lo más gravoso es que inadmiten sin conceder plazo para subsanar, a salvo del derecho de la parte a presentar recurso de apelación, o en su defecto a presentar nuevamente la demanda monitoria, previa petición de desglose de la documentación acompañada junto a la demanda.

Lo más práctico es acompañar junto a la solicitud toda la documentación que tengamos, designando archivos en los casos en los consideremos que pueda faltarnos algún documento considerado como principio de deuda.

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España permite jubilarse y trabajar a la vez como autónomo. Estas son las reglas

Jubilarse y seguir trabajando como autónomo es factible en España. La normativa en nuestro país permite a este tipo de profesionales cobrar la pensión y seguir desarrollando una actividad por cuenta propia. No obstante, las personas que quieran acogerse a esta modalidad deberán cumplir con una serie de requisitos. Los autónomos que quieran jubilarse y […]

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Autónomos en el Sistema RED

A partir del 1 de octubre los empresarios, profesionales y administradores de sociedades que cotizan por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos están obligados a usar los medios telemáticos del sistema Red de la Seguridad Social. A estos efectos deben acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social e identificarse de la siguiente forma:pexels-photo-955448.jpeg

  • Por medio de un Certificado digital, que se debe solicitar a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, acudiendo de forma presencial a cualquiera de las oficinas de la administración. Una vez concluido el registro presencial, se enviará un archivo al correo electrónico facilitado que deberá descargar e instalar en el ordenador o dispositivo móvil compatible.
  • Con alta en el sistema cl@ve, que debe solicitar telemáticamente, aportando una serie de datos personales. Una vez completado el registro, llegará una carta al domicilio del solicitante con las instrucciones para finalizar el proceso. También es posible acudir presencialmente a una oficina de registro para finalizar el trámite.
  • O bien con DNI electrónico. En este caso, será necesario tener un lector de tarjetas inteligentes conectado a un ordenador.

 Una vez cumplido con el deber de usuario del Sistema RED se pueden realizar todos los trámites de forma electrónica. Modificar la actividad, base de cotización y datos personales. Además tendrá acceso a los informes laborales y cuotas ingresadas.

info@asesoriafiscalponte.com

Desalojo de okupas | Civil |

 

Vuelves de las vacaciones o de un viaje…… planeas tu estancia de veraneo en tu segunda vivienda en la costa….. por fin has encontrado un nuevo inquilino para este piso que tenías ( suponías) vacío…..y te encuentras la vivienda ocupada. Una pesadilla, pero resulta ser real en demasiados casos. Ya hay una respuesta legal clara, rigurosa y rápida para quienes se ven despojados de la posesión de su vivienda por los llamados “ocupas”.

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La nueva Ley, mejora el amparo del derecho de propiedad de las personas que son privadas de la posesión de sus viviendas mediante la fuerza o el engaño. Una reforma que hacía falta y que mejora una situación insólita en España. Además, en aquellos supuestos de verdadera necesidad, se ofrece a los ilegales ocupantes la intervención de los servicios sociales para darles protección.

“El pasado 2 de julio entró en vigor la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas.Ahora, comenzado el nuevo curso judicial, podemos aconsejar a los titulares de viviendas, despojados de su posesión que sigan el proceso instaurado en esta reforma legal.

Podrá hacerlo cualquier titular del derecho a poseer una vivienda, salvo entidades con ánimo de lucro, como empresas promotoras, bancos o fondos de pensiones. Las ventajas prácticas y bondades que ofrece este nuevo procedimiento de recuperación de la posesión de viviendas ocupadas sin el consentimiento de sus legítimos poseedores son las siguientes:

1ª La rapidez. Si el demandante solicita la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el propio decreto de admisión de la demanda se requerirá a los ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días, título que justifique su situación posesoria. Si no lo aportasen o el aportado fuere insuficiente se les ordenará la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante esta resolución en forma de auto no es recurrible.

El demandado tan sólo podrá oponerse a la demanda con base en su título posesorio y en la insuficiencia del título aportado por el demandante. Si no contestase la demanda se dictará sentencia de inmediato. Si la sentencia fuese estimatoria, y no se hubiese ejecutado antes el ya indicado desalojo cautelar, podrá, el demandante, instar su ejecución de inmediato, sin esperar el plazo de 20 días que para otros casos prevé la Ley (art. 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

2ª Frente al requisito de identificación del demandado que establece el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la reforma de 11 de junio de 2018 permite que la demanda se dirija genéricamente “contra los desconocidos ocupantes” de la vivienda. La demanda se notificará a quien se encuentre habitando la vivienda y podrá notificarse a otros ignorados ocupantes que no se encuentren en ella. En todo caso, a efectos de identificación de unos y otros, prevé la Ley que el agente notificador pueda ir acompañado por agentes de la autoridad.

3ª Protección de los ocupantes. En la resolución en que se acuerda el lanzamiento o desalojo de los ocupantes, si estos consienten, se propiciará la intervención de los servicios públicos competentes en materia de política social comunicándoles dicha circunstancia a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que procedan.

Hemos de dar la bienvenida a esta nueva Ley, que ampara el derecho de propiedad ofreciendo seguridad a tantas personas que son privadas de la posesión de sus viviendas mediante la fuerza o el engaño. Además, todos podemos tener la tranquilidad de que, en aquellos supuestos de verdadera necesidad, seguramente los menos, se ofrece a los ilegales ocupantes la intervención de los servicios sociales para darles protección.”

Fuente:

Origen: Desalojo de okupas | Civil | LawAndTrends

La Jornada de Trabajo

La jornada de trabajo ordinaria se refiere al número de horas dentro de un período de tiempo semanal o

Horario de trabajoanual en el que el trabajador presta su servicio, mientras que el horario  se refiere a cómo se distribuye ese tiempo cada día. Estos tiempos de trabajo vienen regulados a nivel estatal por el Estatuto de los Trabajadores y la Constitución y a nivel de la UE  por las diversas directivas que delimitan el descanso semanal o imponen el disfrute de las vacaciones anuales.

Así, con carácter general a nivel nacional la jornada es de 40 horas a la semana que suponen, una vez descontadas las vacaciones, festivos, etc., una jornada anual de 1.826 hora y 27 minutos

No obstante, para cada sector, la determinación del tiempo de trabajo viene fundamentalmente recogida en los diferentes convenios colectivos de aplicación.

¿En relación a los contratos a tiempo parcial se pueden realizar horas extras?

En este tipo de contratos no caben las horas extras sino las horas “complementarias”, pero para poder realizarlas tienen que darse dos condiciones:

– Primero tienen que estar pactadas por escrito, ya sea en el momento de la firma del contrato si es temporal, o incluso con posterioridad cuando se trata de un contrato indefinido;

– Y segundo, sólo pueden realizarse si  la  jornada establecida en el contrato es como mínimo de 10 horas a la semana.

Estas horas complementarias no pueden superar el 15% de la jornada y, aunque su exigencia es voluntaria para el empleador, son obligatorias para el trabajador siempre que se le haya comunicado con un preaviso mínimo de 3 días.

A diferencia con las horas extraordinarias, las horas complementarias no se compensan con descanso sino que deben ser abonadas como mínimo con el mismo precio que se paga por la hora ordinaria.

En definitiva, el tema de la jornada de trabajo y de los horarios es causa de muchos conflictos  laborales y por eso debe tratarse con el respeto a las normas laborales y el respeto mutuo entre ambas partes.

El Letrado Asesor

¿Sabía que la Ley obliga a ciertas empresas a tener un letrado asesor (Abogado en ejercicio colegiado), para la instrucción del administrador o del consejo de administración?
La figura del Letrado Asesor en las Sociedades Mercantiles tiene cabida en la normativa española desde la aprobación de la Ley 39/75 y de su Reglamento de desarrollo RD 2288/1977. A pesar de que se trata de un régimen jurídico sencillo, que apenas ha sufrido modificaciones en su regulación, tiene cierta importancia pues pretende evitar las graves consecuencias que pueden derivarse de una actuación poco diligente o de incumplimientos en el desarrollo de la actividad corporativa de los administradores.
¿En qué casos las Sociedades mercantiles deberán contar, con carácter obligatorio, con un Letrado asesor?
• Cuando su capital sea igual o superior a trescientos mil euros (300.000,00);
• Cuando el volumen normal de sus negocios, según el balance y la documentación contable correspondiente al último ejercicio fiscal, alcance la cifra de seiscientos mil euros (600.000,00 euros);
• Cuando la plantilla de su personal fijo supere los cincuenta trabajadores.
Tratándose de Sociedades domiciliadas en el extranjero:
• Cuando el volumen de sus operaciones o negocios en las sucursales o establecimientos que tengan en España sea igual o superior a trescientos mil euros (300.000,00) o
• Cuando su plantilla de personal fijo supere los cincuenta trabajadores.
Funciones
Corresponderá al Letrado asesor, además de las funciones propias de su cargo asignadas por los Estatutos de la Sociedad, asesorar en Derecho sobre la legalidad de los acuerdos y decisiones que se adopten por el órgano que ejerza la administración y, en su caso, sobre las deliberaciones a las que asista, debiendo quedar, en la documentación social, constancia de su intervención profesional.
La figura y las funciones del Letrado asesor son distintas e independientes a las propias del Secretario del Consejo de Administración, que podrá o no ser Letrado y que es el encargado de levantar el Acta de las reuniones del consejo de administración. No obstante la ley permite que cuando la sociedad obligada cuente con un Secretario o algún miembro de su dirección o de administración, que sea Abogados en ejercicio, cualquiera de ellos podrá asumir las funciones atribuidas al Letrado asesor.
Específicamente, sus principales funciones son:
• Control, asesoramiento, asistencia y en caso de ser además secretario, formalización, de las Juntas Generales de Socios o Accionistas de la sociedad y de las decisiones de administradores o de las sesiones del Consejo de Administración.
• Redacción, revisión y asesoramiento sobre contratos mercantiles y civiles.
• Asesoramiento sobre la estructura del capital social y gestión empresarial.
• Llevanza del libro registro de socios.
• Llevanza del Libro de Actas.
• Formalización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.
• Control de depósito de cuentas.
Importancia
La importancia de contar con un letrado asesor radica, no solo en que los administradores reciban un adecuado asesoramiento jurídico, para que las decisiones y acuerdos adoptados por los órganos sociales, respeten la normativa legal y los estatutos sociales, sino también por las consecuencias negativas de su incumplimiento.
Si bien es cierto que la falta de letrado asesor no afecta a la validez de los acuerdos adoptados, su “ausencia” o mejor dicho, la valoración de la misma, puede ser tenida en cuenta en cualquier proceso de responsabilidad contra los administradores dejando en manos del juez la determinación del impacto de tal “olvido”.
Así lo dice el artículo 1.4 de la expresada Ley 39/75: “El incumplimiento de lo establecido en la presente Ley será objeto de expresa valoración en todo proceso sobre responsabilidad derivada de los acuerdos o decisiones del órgano administrador.”
A ello hay añadir que, conforme al artículo 31 bis del Código Penal, la sociedad responde por los hechos delictivos cometidos no sólo por acción sino también por omisión del debido control.…
Por ejemplo, por la inexistencia de letrado asesor cuando exista obligación de nombrarlo

Fuente: www.cissactualidad.ciss.es

Declaración informativa- viviendas con fines turísticos

Preguntas frecuentes sobre la declaración informativa de cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Modelo 179

La Agencia Tributaria ha publicado las preguntas más frecuentes sobre el modelo 179

Normativa comentada

OM HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, “Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos” y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

OM HAP/2194/2013 de 22 Nov. (procedimientos y condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria)

¿Quiénes están obligados a presentar el modelo 179?

Las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos en los términos establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 54.ter del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

¿Qué se entiende por “intermediario” entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos?

Se consideran “intermediarios” a efectos de la obligación de presentar el modelo 179 las personas y entidades que presten el servicio de intermediación entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos, ya sea a título oneroso o gratuito.

En particular, tendrán dicha consideración las personas o entidades que constituidas como plataformas colaborativas intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información, con independencia de que preste o no el servicio subyacente objeto de intermediación o de la imposición de condiciones respecto de los cedentes o cesionarios del servicio en relación al mismo tales como precio, seguros, plazos u otras condiciones contractuales.

Por tanto, tienen la consideración de intermediarios a estos efectos, no sólo los intermediarios digitales (especialmente plataformas colaborativas), sino cualquier otro (intermediarios analógicos o tradicionales) cuya actividad en la operación haya consistido en la efectiva confluencia entre oferta y demanda de la cesión de dichas viviendas.

¿Qué se entiende por “cesión de uso de viviendas con fines turísticos”?

La cesión temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, cualquiera que sea el canal a través del cual se comercialice o promocione y realizada con finalidad gratuita u onerosa.

En todo caso quedan excluidos de este concepto:

  • a) Los arrendamientos de vivienda, considerando como tales aquellos que recaen sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
  • b) Los alojamientos turísticos, que se rigen por su normativa específica.

Por tanto, quedan excluidos los establecimientos hoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues y campamentos de turismo, entre otros.

Sin embargo, la cesión de pisos turísticos queda sometida a la nueva obligación de información.

  • c) El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
  • d) Los siguientes usos y contratos:
  • El uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten.
  • El uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen, que se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.
  • Los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento. Estos contratos se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos.
  • El uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente como tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean asignadas a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal docente y de administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá en cada caso el establecimiento de las normas a que se someterá su uso.

Si el titular de la vivienda o el cedente de la misma no es residente en territorio español, ¿debe ser incluido en la declaración del modelo 179?

Sí. El artículo 54.ter del RGAT establece la obligación de información respecto de las cesiones de usos de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español.

¿Debe informarse en el modelo 179 de los inmuebles cedidos con fines turísticos fuera del territorio español?

No. Únicamente deben incluirse en dicho modelo las cesiones de uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español.

¿Qué información deben suministrar en el modelo 179?

Con carácter obligatorio:

  • • Identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinto del titular de la vivienda) y de las personas o entidades cesionarias.
  • Identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia catastral, en el caso de que la tuvieran asignada.
  • Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.
  • Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del uso de la vivienda.
  • Fecha de inicio de la cesión.

Con carácter opcional:

  • Número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso de la vivienda.
  • Fecha de intermediación en la operación.
  • Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro medio de pago).

¿En qué formato debo presentar la declaración del modelo 179?

Mediante el envío de mensajes en formato XML, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo de la Orden HFP/544/218, de 24 de mayo.

¿Deben agregarse todas las cesiones de uso de cada titular o cedente del derecho de cesión durante el periodo al que se refiere la declaración?

No. Debe informarse individualmente de cada una de dichas cesiones, identificándolas con un IDRegistroDeclarado diferente.

Si la vivienda ha sido objeto de varias cesiones de uso en el periodo objeto de declaración, ¿cómo debe informarse en el modelo 179?

Debe informarse de cada una de las cesiones objeto del correspondiente contrato. Cada cesión vendrá unívocamente referenciada e identificada con un “IDRegistroDeclarado” determinado

Si la vivienda es propiedad de varios titulares (o varios cedentes realizan la cesión), ¿cómo debe informarse en el modelo 179?

Debe informarse del titular/es, en cualquier caso. Además, en el caso de que el cedente de la vivienda con fines turísticos sea distinto del titular, debe informarse del cedente.

Por tanto, si son varias las personas o entidades titulares o cedentes, debe informarse de cada uno de ellos (dentro del mismo IDRegistroDeclarado), con indicación de dicha condición (T=titular; C=cedente) que tuvieran en relación con el inmueble en el momento de la cesión:

  • Titular 1
  • Titular 2
  • (…)
  • Titular n
  • Cedente 1
  • Cedente 2
  • (…)
  • Cedente n

En el supuesto en el que no figure consignado ningún titular ni cedente, el registro será rechazado.

En caso de que haya distintos cesionarios de la vivienda objeto de cesión, ¿Debo informar de todos ellos?

En el caso de que disponga de la información de los diferentes cesionarios, debe procederse a la identificación desglosada de cada uno de ellos, pero a nivel del IDregistro suministrado, por lo que no es necesario repetir la identificación de cada cesionario por cada uno de los titulares y/o cedentes.

En el supuesto de que únicamente disponga de la información de la persona cesionaria que conste en la reserva de la vivienda, deberá consignar como cesionario a dicha persona.

¿Cómo se identifica al titular(es)/cedente(es)/cesionario(es)?

En el supuesto de que no disponga de NIF debe cumplimentar los campos de información relativos a “IDOtro”, consignando alguna de las claves de identificación siguientes:

02: NIF-IVA

03: Pasaporte

04: Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia

05: Certificado de residencia

06: Otro documento probatorio

07: No censado

En el caso de que alguno de los titulares, cedentes o cesionarios disponga de NIF pero no se encuentre identificado en el censo de la AEAT, el registro quedará aceptado con errores, que deberá ser subsanado en el momento en el que disponga de la información correcta de dichas personas.

Para minimizar los errores de identificación y obtener una correcta identificación de los declarados, está disponible en la página web de la AEAT un servicio de ayuda a la identificación fiscal (común, por otra parte, a todas las declaraciones informativas a presentar por los obligados tributarios).

El servicio de comprobación de un NIF de terceros a efectos censales devuelve los apellidos y nombre que constan en el Censo de la Agencia Tributaria asociados al NIF consultado si éstos son similares a los apellidos y nombre enviados.

Deben corregirse los datos identificativos del declarado con los que constan en la Agencia para evitar errores de identificación en la presentación.

¿Cómo se identifica el inmueble objeto de cesión? ¿y la referencia catastral?

Debe informar de la referencia catastral del inmueble objeto de cesión mediante la consignación de alguna de las siguientes claves:

Valores Descripción
01 Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra
02 Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
03 Inmueble con referencia catastral situado en la Comunidad Foral de Navarra.
04 Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral.

A continuación de dicha clave, debe consignar la referencia catastral que corresponda con las claves 01, 02 y 03 anteriores.

La clave 04 debe consignarse en el caso de que el inmueble no tuviera asignada referencia catastral.

Además de lo anterior, debe consignar la dirección completa del inmueble, de la siguiente forma:

  • Campos obligatorios: código de municipio, código de Provincia, tipo de vía, nombre de la vía y tipo de numeración en la que se encuentre el inmueble.
  • Campos opcionales: el resto de campos comprensivos de la localización del inmueble (número de la vivienda, calificador del número, bloque, portal, escalera, planta o piso, puerta y, en su caso, complemento)

¿Cuáles son los mensajes de respuesta de la AEAT respecto de los registros remitidos en el modelo 179?

El mensaje de respuesta de la AEAT incluye un “resultado global de la presentación”, con resultados posibles:

  • Aceptación completa (si no existen errores en ningún registro), con su correspondiente Código Seguro de Verificación (CSV).
  • Aceptación parcial (cuando existen registros aceptados y rechazados o aceptados con errores), también con su correspondiente CSV.
  • Rechazado completo (cuando todos los registros han sido rechazados). En este caso, no se devuelve ningún CSV, al haber sido rechazados todos los registros contenidos en el mensaje enviado por el obligado tributario.

Por su parte, el “resultado parcial de cada registro” enviado puede ser uno de los tres siguientes:

  • Aceptado.
  • Rechazado: se trata de rechazos que se corresponden con lo que se denomina “errores no admisibles”.
  • Aceptado con errores. Si los registros contienen errores que se corresponden con los denominados “errores admisibles”, se procede a la aceptación del registro advirtiendo en el mensaje de respuesta que ha quedado admitido con errores, que deben ser subsanados posteriormente por el sujeto pasivo. Para llevar a cabo la corrección debe presentar un nuevo mensaje con tipo de comunicación “A1” de “Modificación” sobre aquellos registros aceptados con errores.

¿Cuál es plazo de presentación del modelo 179?

El plazo es trimestral, comprendiendo las operaciones de cesión realizadas en cada trimestre natural, debiendo declararse hasta el último día del mes natural siguiente a la finalización del correspondiente trimestre:

  • Primer trimestre: del 1 al 30 de abril
  • Segundo trimestre: del 1 al 31 de julio
  • Tercer trimestre: del 1 al 31 de octubre
  • Cuarto trimestre: del 1 al 31 de enero

No obstante, y con carácter excepcional, la declaración correspondiente al ejercicio 2018 tendrá carácter anual, debiendo presentarse entre el 1 y 31 de enero de 2019.

¿Cuándo debe enviarse la información, en el momento en el que se produce la intermediación o cuando se produce la cesión de la vivienda?

Debe informarse en el momento en el que se produce la cesión del inmueble, por lo que será en ese trimestre en el que debe declararse la operación, con independencia de que la intermediación se haya producido en un momento anterior.

Si la cesión de uso afecta a varios trimestres o, incluso, a dos ejercicios distintos, ¿cómo debe informarse en el modelo 179?

Debe informarse de:

  • Fecha de inicio de la cesión
  • Número de días de disfrute
  • Fecha de intermediación (campo opcional)

La información de la correspondiente cesión de la vivienda con fines turísticos debe incluirse en el periodo y ejercicio que corresponda al día de inicio de la cesión (fecha de inicio de la cesión).

¿Debe informarse del servicio de mediación prestado por el intermediario que presenta el modelo 179 e incluido en cada cesión de viviendas con fines turísticos?

No. Únicamente debe informarse del importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda (si no se pacta retribución alguna, debe consignar un importe de 0,00 euros).

¿Debe informarse del número de cuenta o de tarjeta donde se abona el importe derivado de la cesión de uso?

Se trata de un campo opcional. En el supuesto de que la cesión de uso no sea gratuita, debe informarse del medio de pago a través del que se satisface la contraprestación por la cesión de la vivienda con fines turísticos.

Así, debe indicar opcionalmente:

  • Clave de medio de pago (01-Transferencia, 02-Tarjeta de crédito/débito, 03-Otros medios de pago)
  • IdMedioPago: debe consignar el número de cuenta financiera o de tarjeta de crédito o débito, o bien el identificador del medio de pago de que se trate)

Si tras el envío de un registro de una determinada cesión del inmueble con fines turísticos se produce una modificación en la misma (cambio del periodo de cesión o de los días concretos de la cesión, o del importe), o una cancelación de la cesión, ¿cómo debe remitirse dicha información?

En esos casos, debe enviarse un nuevo mensaje de modificación mediante el Tipo de comunicación A1 modificando el registro inicialmente enviado, y consignando los nuevos datos derivados de la cesión del inmueble.

Fuente: Agencia Tributaria. Enlace a Preguntas frecuentes AEAT

Fecha actualización: 20-7-2018

 

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Nueva orden sobre viviendas con fines turísticos

Acaba de salir esta nueva orden sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Queda aprobado  el modelo 179 , declaración informativa trimestral,  en la cual los intermediarios en la cesión de uso de las viviendas turísticas  deben prestar y declarar  cierta información a Hacienda. Para el año 2018 la declaración se presenta excepcionalmente una única declaración en enero de 2019 pero a partir del año que viene será trimestral.

He aquí un extracto:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 131 Miércoles 30 de mayo de 2018 Sec. I. Pág. 56074

Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

La nueva obligación de información, como dispone el preámbulo del mencionado Real Decreto 1070/2017, se establece con fines de prevención del fraude fiscal para las personas o entidades, en particular, las denominadas «plataformas colaborativas», que intermedien en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos.

La información a suministrar en el modelo 179 comprende:
a) Identificación del titular o titulares de la vivienda, del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda (si es distinto del titular de la vivienda) y de las personas o entidades cesionarias.
b) Identificación del inmueble (dirección completa) con especificación de la referencia catastral, en el caso de que la tuvieran asignada.
c) Número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos.
d) Importe percibido, en su caso, por el titular cedente del uso de la vivienda.e) Número de contrato en virtud del cual el declarante intermedia en la cesión de uso de la vivienda.
f) Fecha de inicio de la cesión.
g) Fecha de intermediación en la operación.
h) Identificación del medio de pago utilizado (transferencia, tarjeta de crédito o débito u otro medio de pago).

No obstante, y con el objetivo de facilitar el plazo de adaptación de los sistemas de información al contenido de la nueva obligación, la disposición transitoria única prevé que, exclusivamente para el ejercicio 2018, la declaración informativa tenga carácter anual, y que su plazo de presentación sea el comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2019. A partir de 2019, la periodicidad de la declaración será trimestral en los términos mencionados anteriormente.