¿Cuanto recibiré de pensión de jubilación?

Para hacer nuestra planificación personal  conviene saber años antes de  cumplir la edad de jubilación  la cantidad que recibiremos por prestación  de jubilación.

LA COTIZACIÓN

Pues bien, conociendo nuestra base de cotización debemos hallar la base reguladora. La base reguladora se calcula en función de la base de cotización de los últimos años. Esta información viene detallada en la nómina del trabajador (o en las bases de cotización que haya establecido el autónomo), teniendo en cuenta las pagas extras, y se actualizan en función de la evolución del IPC.

El cómputo de los últimos años de base de cotización ha cambiado a partir  de la última reforma en el sistema de pensiones. Ahora  se computa un periodo  a partir de los últimos 15 años que va en aumento de manera progresiva desde 2013 y hasta que en 2027 alcance los últimos 25 años. De modo que, cada año, el período computable aumenta 12 meses y sumando todas las bases de cotización previstas se obtiene la base reguladora de este año. Con la reforma se propone alargar el periodo del cómputo de la base de regulación para no perjudicar a trabajadores que ganan menos en los últimos años de vida laboral.

El resultado de este cálculo se dividirá por el divisor correspondiente a cada año. Este divisor tiene en cuenta los 14 pagas que recibirá el pensionista  ya que en las 12 bases de cotización al año están prorrateadas dos pagas extras por lo que se dividen las sumas de las bases de cotización entre el divisor correspondiente a cada año. Es decir, el divisor se calcula como la suma de todos los meses computables, más las dos pagas extras multiplicadas por el número de años computables.

LOS AÑOS COTIZADOS

Además, para el cálculo de la base reguladora, habrá que tener en cuenta el número de años cotizados por el trabajador. Si el trabajador ha cotizado durante 15 años, tendrá derecho a acceder a la pensión pero no en su totalidad sino en un 50%. Este porcentaje aumentará un  porcentaje por  mes adicional  hasta alcanzar el 100% de la jubilación. Se necesitarán 37 años de cotización para alcanzar el 100% de la jubilación para 2027.

Por ejemplo, un trabajador autónomo que comienza a trabajar en 2016 y cotiza por la base mínima durante todo su período profesional,  si se jubilase en 2053, habiendo cotizado 37 años, recibiría el 100% de la jubilación y se tendrían  en cuenta los últimos 25 años de bases de cotización. Siguiendo así el sistema, recibiría 891,49 euros al mes en 14 pagas, teniendo en cuenta una actualización de un 1% anual. Si se retirase antes, percibiría un porcentaje correspondiente en función de los 891,49 euros.

Un pronto cálculo  conviene en todos los casos y con la ayuda de los datos que constan en la vida laboral y el servicio de autocalculador nos podemos aproximar a nuestra  futura pensión de jubilación.

Info@asesoriafiscalponte.com

Anuncios

Ser beneficiario de un seguro de vida sin saberlo.

Esta situación puede ocurrir cuando los herederos de una persona fallecida ignoran que el difunto tenía contratado un seguro de vida y este desconocimiento podría ocasionar a los herederos pérdidas de miles de euros.

El Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento

Pues bien, para averiguarlo existe el Registro de Contratos de Seguro de Fallecimiento, regulado mediante la Ley 20/2005 de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento y el Real Decreto 398/2007 que la desarrolla.

Es un registro público, dependiente del Ministerio de Justicia cuya finalidad es suministrar la información necesaria para que pueda conocerse por los posibles interesados si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento, así como la entidad aseguradora con la que lo hubiese suscrito.

De modo que cualquier persona que pueda tener la condición de beneficiario podrá dirigirse al Registro con la finalidad de reclamar la prestación derivada de la póliza de seguro.

En este Registro también figuran los seguros de vida y accidente que cubra la contingencia de la muerte.

 

Publicidad y acceso al Registro.
El Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento es público y podrá tener acceso al mismo cualquier persona interesada en obtener información acerca de si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento y de la entidad aseguradora con quien esté suscrito.

El acceso al Registro sólo podrá realizarse una vez fallecido el asegurado, previa acreditación de tal circunstancia, y siempre que hayan transcurrido quince días desde la fecha de defunción.

El plazo durante el que estarán disponibles los datos en el Registro será de cinco años contados desde la fecha indicada en el párrafo anterior. No obstante, los datos relativos a contratos cuyas prestaciones hayan sido satisfechas por la entidad o entidades aseguradoras se cancelarán del Registro tan pronto como al órgano encargado de su gestión le sea comunicada tal circunstancia por la entidad aseguradora.

¿Cómo darse de alta en el registro?
Las entidades aseguradoras que celebren o hayan celebrado contratos de seguros relativos a los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y a los seguros de accidentes en los que se cubra la contingencia de la muerte del asegurado, deben darse de alta en el registro para enviar periódicamente la información de los contratos.

Tal obligación resultará de aplicación tanto a las entidades aseguradoras españolas como a las domiciliadas en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo que ejerzan su actividad en España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios.

Para darse de alta en el registro hay que presentar un escrito en el:

REGISTRO GENERAL DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
MINISTERIO DE JUSTICIA
Plaza de Jacinto Benavente, 3, 28012 Madrid

Según apartado 5 del Anexo I del RD 398/2007 de 23 de marzo.

Se facilita un modelo no obligatorio para este escrito: Modelo alta en el Registro (PDF. 21 KB)

Para más información de cómo darse de alta en el registro contactar con Centro de Atención al Ciudadano

Normativa.
Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.
Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.

Fuente: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/registro-contratos-seguros#id_1215198101115

¿Contrato laboral o mercantil?

Atento a las diferencias

Utilizar un contrato mercantil cuando realmente existe una relación laboral se conoce como un falso autónomo y tendremos que atenernos a las consecuencias. Las empresas suelen hacer sus cálculos y resulta que tener a un trabajador con contrato laboral implica costes altos: salario bruto, cotización a la Seguridad Social, bajas y vacaciones, despidos e indemnizaciones. En cambio un contrato mercantil implica pagar por los servicios prestados soportar IVA, en su caso, y listo.

Ahora bien, la relación laboral existe si se cumplen los requisitos para ella y la relación mercantil sólo puede existir si no hay una relación de dependencia sino una relación de igualdad entre dos partes.

 

Contratos laborales

Tal y como establece el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores:

La presente Ley (Estatuto de los Trabajadores) será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

Las notas fundamentales de la relación laboral son:

Dependencia. Para considerar que una relación de prestación de servicios es laboral debe llevarse a cabo dentro del ámbito de la organización y dirección del empleador, de forma que es el empresario el que puede modular permanentemente el contenido de la prestación exigible al empleado.

El concepto de dependencia conlleva: la subordinación a la persona con facultades de mando; el sometimiento a un horario y a normas disciplinarias; el seguimiento del rendimiento; el control de tiempos y la presentación de partes de trabajo o informes del mismo.

Ajenidad. Se aprecia fundamentalmente en que el resultado del trabajo no pertenece al empleador y también en que el trabajador no se ve afectado por el resultado económico del empresario ni por los riesgos que la empresa asuma.

Retribución. Para presumir la existencia de relación laboral es imprescindible que la actividad se preste a cambio de una retribución, cualquiera que sea la forma de la misma. La inexistencia de salario determina la ausencia del contrato de trabajo, aunque no es determinante la forma en que se perciba la remuneración

Carácter personalísimo. Para que consideremos una relación como laboral, es imprescindible que se especifique la persona que va a realizar la prestación. No es posible la sustitución de la persona del trabajador como contraparte de un mismo contrato de trabajo.

Asiduidad. El hecho de la asistencia habitual del trabajador al mismo centro de trabajo o la duración de los trabajos que realiza pueden ser indicativos de la naturaleza laboral de la relación, pero son solo indicativos, no notas esenciales.

Contratos Mercantiles

El denominado “contrato mercantil ” es un contrato de arrendamiento de servicios, por el cual una persona física o jurídica asume la obligación de prestar unos servicios por un precio cierto. Existen muchos tipos de contratos mercantiles y dentro de ellos, por la causa y forma del mismo destacamos el “contrato de prestación de servicios con un profesional autónomo” donde se establece una relación de igualdad entre dos partes, en la que una (el autónomo) se compromete a prestar un servicio determinado y la otra parte (la empresa), a satisfacer unos honorarios por ese servicio.

Para la existencia de un contrato mercantil, en contraposición a lo descrito respecto al contrato laboral:

No existe dependencia: El profesional sujeto a contrato mercantil ha de prestar servicios con medios y organización propia.Debe existir libertad horaria, autonomía e independencia en el trabajo desarrollado

El carácter personal no existe. Los trabajos concertados podrán ser realizados por personal a cargo del trabajador con contrato mercantil.

La retribución no estará sujeta a Salario Mínimo Interprofesional o convenios colectivos, limitándose a lo pactado entre las partes. En este caso, claro está, no existiría nómina, sino factura.

Se regirá el Código del Comercio, el Código Civil y el resto de leyes civiles.

 

TRABAJADOR CONTRATO LABORAL CONTRATO MERCANTIL
Normativa Aplicable Estatuto de los Trabajadores Código de Comercio
Resolución de conflictos Jurisdicción Social Jurisdicción Civil
Sueldo Nómina- Periódico Factura- Por servicio
Cotización a la Seg. Social Cotización al RGSS asumida en su mayor parte por el empresario Cotización al RETA o alta en Mutua a cargo exclusivo del autónomo
Horario/Jornada Establecido por la empresa sujeto a convenio colectivo y regulación por art. 34, ET Sin horario establecido
Dependencia de la empresa Total Parcial
Derechos vacaciones, bajas médicas y sus prestaciones, excedencias, reducciones de jornada, etc. Salvo lo regulado respecto a los TRADE No existen este tipo de derechos frente a la empresa a la que se presta servicios por cuenta ajena
IRPF Retenciones en nómina Porcentaje aplicable a la factura
IVA No Declaraciones trimestrales y anuales
Indemnizaciones Según el tipo de extinción, existen de varios tipos Salvo pacto expreso en el contrato. No existen indemnizaciones
Paro Si. El trabajador cotiza por el desempleo No. Solo en caso de abonar ese derecho
Vacaciones pagadas Si No

Consecuencias

Si se utiliza un traje mercantil para disfrazar una verdadera relación laboral, además de encontrarnos ante lo que se conoce como un falso autónomo tendremos que:

  • abonar una indemnización por despido improcedente en caso de reclamación de despido por parte del falso autónomo al final de la relación laboral Se considerará la existencia de contrato laboral desde que se dieron las características laborales en la relación.
  • pagar una sanción económica por no haber dado de alta en el RGSS al trabajador (entre 3.126 euros – 10.000 euros (art. 40.1.e.1. LISOS))
  • afrontar la posible reclamación de las cotizaciones de los últimos 4 años, más una sanción consistente en una multa equivalente al valor del 100% al 150% de dichas cotizaciones no ingresadas (art. 40.1.d.2 LISOS).

Fuente: http://cissactualidad.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkMjc1MLQ7Wy1KLizPw8WyMDQ3NDAyNztdLi1CJbd3dLU3MzU1-XILWCxOLictsw4yhLpzCQ6sy0Spf85JDKglTbtMSc4lS13MSSEqAWZ3-_EEcnH1co3zu10tbXMcQ1yNMRAC7A_-50AAAAWKE

 

Que hacer ante el acoso laboral

Opciones del trabajador ante el acoso laboral

 

Los mecanismos del mobbing pueden ser varios:

  • Ataques a través de medidas adoptadas contra el acosado, por las que se le limita las posibilidades de comunicarse con sus compañeros, o se aíslan o se cuestionan repetidamente sus decisiones o su trabajo.
  • Ataques a la vida privada del trabajador, a la que se hace responsable de los fallos en el trabajo.
  • Agresiones verbales consistente en la crítica permanente de su trabajo, o a través de gritos, insultos o levantar la voz repetidamente.
  • A través de la creación de rumores y su difusión en el centro de trabajo contra dicha persona.
  • Medidas organizativas del trabajo que resulten peyorativas para el afectado, asignación de tareas o encargo de funciones inadecuadas, degradantes o de imposible cumplimiento.

Origen: Que hacer ante el acoso laboral

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Hoy se ha publicado la ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo.

Los cambios introducidos entran en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

En lo que se refiere a los gastos deducibles conviene tener en cuenta cómo se determinan estos gastos deducibles.

El artículo 11 de la ley modifica el artículo 30.2.5ª de la ley del IRPF, introduciendo los siguientes cambios en la determinación del rendimiento neto de actividades económicas en el régimen de estimación directa:

• Se da una regla objetiva para la deducibilidad de los gastos de suministros -agua, electricidad, gas, telefonía o Internet- cuando la actividad se desarrolle en una parte de la vivienda habitual del empresario o profesional. Sobre la parte del gasto que corresponda a los metros cuadros dedicados a la actividad en relación a los totales de la vivienda, se aplica el porcentaje del 30%. De esta forma, si tenemos una vivienda de 120 metros, de la cual dedicamos 30 metros a la actividad, y el gasto de suministro de agua es de 150€, el contribuyente podrá deducirse como gasto 150 x 0,25 x 0,3 = 11,25€, un 7,5%.
• Se aclara que son deducibles los gastos de manutención del contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica, con las siguientes condiciones:
– Se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería
– Se abonen utilizando medios electrónicos de pago
– No se supere el límite de 26,67€ al día si el gasto se produce en España y 48,08€ al día en el extranjero.  Estos límites serán el doble si se pernocta.

Fuente: Asesores Fiscales REAF-REGAF

info@asoriafiscalponte.com

 

¿Para que´sirve el domicilio social?

¿Para qué sirve el domicilio social?

Normativa aplicada
Ir a Norma RDLeg. 1/2010 de 2 Jul. (texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

TÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO II. Denominación, nacionalidad y domicilio

SECCIÓN 3.ª. Domicilio

Artículo 9. Domicilio.
Artículo 10. Discordancia entre domicilio registral y domicilio real.

Doctrina relacionada
Determinación del domicilio social de la sociedad anónima (IRIARTE IBARGÜEN, AINOA) Todo Sociedades Mercantiles , Editorial CISS
El Consultor Jurídico, Editorial Wolters Kluwer España

Cambio de domicilio de la sociedad anónima (IRIARTE IBARGÜEN, AINOA)Todo Sociedades Mercantiles , Editorial CISS
El Consultor Jurídico, Editorial Wolters Kluwer España

El domicilio social de una empresa es el lugar en que se halla el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación. Este ha de figurar en las escrituras de la sociedad y para modificarlo solo es necesario el acuerdo de los administradores, (o en caso de previsión expresa en contrario de los estatutos, su aprobación en Junta), su confirmación mediante documento público y su inscripción en el Registro Mercantil.

Puede haber casos en los que el domicilio social sea sólo en centro de administración y no donde se realice efectivamente la actividad. Sin embargo es importante destacar que cuando el domicilio social y fiscal no coincidan es el domicilio social el que determina en que Registro Mercantil han de inscribirse los actos y las cuentas societarias y eso, entre otras muchas funciones, tal y como podemos observar en la tabla que reproducimos a continuación.

http://bit.ly/2yBE8n6

diariolaley – Documento

 

CITA:

Considero que el art. 155 incorpora una institución de especial trascendencia, instrumento unilateral y asimétrico en manos del Poder Central («medio extraordinario de coerción», STC 49/1988 (LA LEY 3669-JF/0000)), y cuyo empleo requiere prudencia política, lo cual no significa que no deba de ser puesto en práctica de modo constitucionalmente adecuado si la situación lo exigiera, y no resultara aconsejable la utilización de otras posibilidades menos radicales.

Origen: diariolaley – Documento

El Congreso aprueba definitivamente la nueva Ley de Autónomos · Noticias Jurídicas

Poco que celebrar y mucho por hacer tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes pero destacaríamos estas mejoras:

A partir del 1 de enero de 2018, la tarifa plana de 18 meses se amplia hasta los 24 meses. Además, los primeros doce meses la cuota mensual es de 50 euros , los 6 siguientes se bonifica el 50% y los últimos 6 meses el 30% de la cuota mínima. También cabe destacar que solo es necesario que  en los dos años anteriores no se haya estado de alta como autónomo.

Además, el trabajador autónomo se podrá deducir el 20% de los gastos de electricidad, agua, teléfono y gas si trabaja desde casa y una dieta de 26,67 euros por día de trabajo en territorio nacional y 48 euros en el extranjero.

El trabajador autónomo que ha alcanzado la edad de jubilación podrá cobrar el 100% de la jubilación y seguir dado de alta como autónomo, si tiene a un trabajador a su cargo a jornada completa.

info@asesoriafiscalponte.com

Leer mas:

El Congreso aprueba definitivamente la nueva Ley de Autónomos,Los autónomos que tengan asalariados a su cargo podrán, por primera vez, com

Origen: El Congreso aprueba definitivamente la nueva Ley de Autónomos · Noticias Jurídicas

Deduccion de gastos por uso de vehículo

Deducción de gastos por uso de vehículo sente2017

Esta nueva sentencia del Tribunal de Justicia de Andalucía, sala de lo contencioso-administrativo confirma lo que defendemos desde hace tiempo:

Que los gastos del automóvil afecto a una actividad profesional o empresarial son deducibles en la proporción en la que su uso se destine a tal actividad. En el caso de poseer otro vehículo para uso privado y poder probar que el automóvil usado para los fines de la actividad, procede la deducción de los gastos de amortización, reparaciones, parking y combustible.

No obstante, hay que tener en cuenta que, en virtud del artículo 114 LGT, el contribuyente tiene la carga de la prueba de las circunstancias que le favorecen, como es la deducción de estos gastos.

Por otro lado , la AEAT permite la deducción del 50% del IVA en la adquisición de los turismos que no tienen la afectación exclusiva a la actividad, como suele ocurrir en la compra de un automóvil que se destina a uso privado y profesional.

info@asesoriafiscalponte.com

 

Actualidad Fiscal: Proyecto de modificación del impuesto de plusvalía municipal

Proyecto de modificación del impuesto de plusvalía municipal en la Ley de Haciendas Locales

La diferencia de valor entre la transmisión y la adquisición que conste en la escritura determinará la sujeción o no al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Jurisprudencia comentada

 

Inconstitucionalidad de la plusvalía municipal

La Sentencia del Tribunal Constitucional 29/2017, de 11 de mayo de 2017, declaró la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal en aquellos casos en que no exista incremento de valor de los terrenos. El tribunal indicaba en la propia Sentencia, que el legislador realizar las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

 

Propuestas de la Federación Española de Municipios y Provincias

Tras la citada Sentencia y previamente a la elaboración del proyecto de modificación de la LHL por el Gobierno, la Federación Española de Municipios y Provincias trasladó al Gobierno la necesidad de promover una iniciativa legislativa para la reforma del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Plantearon dos alternativas para la determinación de la base imponible del impuesto:

1. Adaptación del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana a la Sentencia del TC

La propuesta consistiría en adecuar el tributo a la evolución real del mercado inmobiliario.

Para ello la “Base Imponible” debería adaptarse incorporando para su determinación los coeficientes de variación del mercado inmobiliario del suelo para cada año, manteniendo la referencia al Valor Catastral. Estos índices deberían ser determinados por una “fuente oficial” y actualizarse año a año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Además se trataría de ofrecer a los contribuyentes las garantías y mecanismos necesarios que les permitan acreditar, en su caso, que no ha existido un incremento de valor en el periodo a considerar para el cálculo de la base imponible. La acreditación definitiva del incremento real del valor del terreno se podrá efectuar mediante el procedimiento establecido en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o mediante cualquier otro que ofrezca las mayores garantías jurídicas para las partes.

Finalmente y en aplicación del principio constitucional de la responsabilidad de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, se propone que no queden exentas del pago del impuesto las plusvalías inferiores al año.

2. Impuesto Municipal sobre las Plusvalías inmobiliarias

Otra opción, que busca reducir al máximo la litigiosidad del impuesto, dándole la mayor relevancia a la capacidad económica del contribuyente, es plantear una reforma integral del impuesto sustituyendo la actual base objetiva por una nueva base que grave la capacidad económica real del sujeto pasivo.

Esta base tendría en cuenta el incremento real de valor (tal y como sucede en la imposición de carácter personal) por la diferencia entre el “valor de transmisión” menos el “valor de adquisición”, extendiendo dicho incremento tanto al valor de la construcción (y no sólo al suelo) así como a los inmuebles rústicos (y no solo a los urbanos).

Además se gravaría igualmente la plusvalía que se generase dentro del año.

Finalmente, para evitar la doble imposición la cuota del impuesto sería deducible en los impuestos estatales.

 

Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

  • • En el proyecto que el Gobierno ha elaborado se ha optado por determinar que no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos, respecto de las cuales el sujeto pasivo acredite la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición del terreno.Para acreditar la inexistencia de incremento de valor, como valores reales de transmisión y adquisición del terreno se tomarán los efectivamente satisfechos respectivamente en la transmisión y adquisición del bien inmueble, que consten en los títulos que documenten la transmisión, o bien, en su caso, los comprobados por la Administración tributaria a quien corresponda la gestión de los impuestos que gravan la transmisión del inmueble, en caso de que sean mayores a aquellos.
  • • Con el objeto de mejorar técnicamente la determinación de la base imponible se sustituyen los porcentajes anuales aplicables sobre el valor del terreno para la determinación de la base imponible del impuesto por unos coeficientes máximos establecidos en función del número de años transcurridos desde la adquisición del terreno, que serán actualizados anualmente, teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario y los coeficientes de actualización de valores catastrales.
  • • Por último, se establece que los ayuntamientos podrán efectuar las correspondientes comprobaciones.

 

Origen: Portal de Actualidad – Documento