Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Normativa comentada
RDL 21/2018 de 14 Dic. (medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler)

Entre las principales modificaciones se encuentra el aumento de los plazos del contrato del alquiler de tres a cinco años, el incremento de la prórroga tácita de uno a tres años o el límite al cobro de la fianza a dos meses de la renta.
Normativa comentada
La idea de este paquete de medidas es recuperar el espíritu de la Ley de 1994, que a futuro contempla la construcción de 20.000 viviendas en «los próximos 4 o 6 años» destinadas «de forma indefinida» al alquiler o la cesión en uso, «con renta o precio limitado» y en aquellos municipios y localizaciones «con demanda acreditada», donde los precios de alquiler «se estén incrementando con mayor intensidad».
Las principales novedades aplicables a partir de mañana, 19 de diciembre de 2018, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, son las siguientes:
Contratos de alquiler más largos
Se reforma la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU), introduciendo las siguientes modificaciones que afectan a los contratos del alquiler:
Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). Es decir, aumenta el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la vivienda arrendada.
Se alarga el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años. Se trata del plazo temporal por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.
Avales limitados
En el momento de la firma del contrato, el arrendador no podrá exigir al nuevo inquilino un aval, al margen de la fianza, que exceda en dos meses la renta mensual de alquiler a no ser que se trate de contratos de larga duración. En estos sí podrán pactarse garantías adicionales. Se limitan así las exigencias, frecuentemente abusivas, que muchos propietarios piden de manera adicional al mes de fianza.
Los gastos de inmobiliaria los paga el arrendador si es una empresa
El arrendador se hará cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, siempre que sea una persona jurídica (una empresa o sociedad). Actualmente los que van a una agencia inmobiliaria a buscar casa de alquiler deben abonarle una mensualidad en concepto de honorarios, una cantidad de la que a partir de deberá hacerse cargo el arrendador.
Asimismo, se facilita la adopción de acuerdos entre el propietario y el inquilino para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato, sin esperar, como hasta ahora, a que finalice.
Rebaja de impuestos
En el área fiscal, el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente, con el fin de reducir las cargas fiscales que conlleva el mercado del alquiler.
El decreto también retoca la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aunque en dos supuestos muy limitados:
Cuando el arrendador sea un ente público se podrá eximir al inquilino del pago de este impuesto. Esto es, se eliminar la obligación de repercutir este tributo al arrendatario en un alquiler social de vivienda por parte de Administraciones y
Se permite a los ayuntamientos con superávit destinarlo a promover su parque de vivienda pública y poder establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.
Asimismo, introduce en la Ley Reguladora de Haciendas Locales la definición de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del IBI que se estableció en 2002.
Pisos turísticos
Los alquileres turísticos salen de la LAU y se regularán como una actividad económica.
Para frenar el avance del alquiler turístico en determinadas ciudades muy presionadas por ello, el real decreto modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal permitiendo a las comunidades de vecinos limitar o vetar este tipo de arrendamientos en el edificio, siempre que lo apoyen tres quintas partes de los propietarios. Una medida que, solo se aplicará a nuevos pisos turísticos y no a los ya existentes porque “no tiene carácter retroactivo”.
Cambios en los desahucios de hogares vulnerables
El decreto, incluye cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se paralicen los desahucios hasta que se encuentre una alternativa habitacional en los casos que afecten a personas o familias vulnerables.
Este tipo de desahucios están creciendo el 5% anualmente y en el tercer trimestre de este año han supuesto el 65% del total, consecuencia de que el 42% de los hogares destinan más del 40% de su renta al alquiler, una cifra 17 puntos por encima de la media de la UE.
Para luchar contra esta situación, el Gobierno modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, con objeto de mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes y facilitar la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares, a través del establecimiento de unos trámites y plazos que ofrecen mayor seguridad jurídica tanto a inquilinos como a propietarios.
En concreto, en estos casos los jueces notificarán los inicios de los procesos de desahucio a los servicios sociales. Estos emitirán un informe y, si alertan de que las personas que van a ser expulsadas de su hogar se encuentran en situación de vulnerabilidad, se abrirá una prórroga de un mes (o de dos cuando es una persona jurídica la que solicita el lanzamiento) para buscar una solución.
Accesibilidad de los edificios
Con objeto de estimular la realización de obras de adaptación o mejora de la accesibilidad, se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal para aumentar, en un plazo de tres años, al 10 por ciento el fondo de reserva de las comunidades de propietarios, y establecer la posibilidad de que se destine a la realización de obras en materia de accesibilidad, en un contexto demográfico, en el que cada vez hay más personas en situación de movilidad reducida que encuentran gravemente limitados sus derechos por la existencia de barreras físicas en sus edificios.
Asimismo, se establece la obligatoriedad de las obras de accesibilidad establecidas legalmente cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75 por ciento del importe de las mismas.

Fuente: CISS Wolters Kluwer

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Abogados autónomos: la guía definitiva para captar clientes online 

El autor del artículo explica de forma exhaustiva los pasos a seguir. Vale la pena leer y ponerlo en práctica!!!

Solo por pasar a la acción adelantarás a la mayoría de abogados.

En contra de lo que mucha gente pueda decirte, conseguir clientes por Internet para un abogado no es difícil. No necesitas ser especialista en marketing digital, dominar las nuevas tecnologías

Origen: Abogados autónomos: la guía definitiva para captar clientes online | Despachos | LawAndTrends

Donación a hijos de nuda propiedad de participaciones

Interesante respuesta de la Dirección General de Tributos a un caso concreto pero que resume muy bien lo aplicable a la tributación en general en estos casos en los que un socio decide donar la nuda propiedad de sus participaciones a sus hijos reservándose el derecho de usufructo vitalicio.

 ………….en los supuestos de donación de la nuda propiedad de participaciones, los donatarios habrán de presentar la correspondiente autoliquidación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, siendo el valor de aquella la diferencia entre el valor real de las participaciones –artículo 9 a) de la Ley 29/1987– y el del usufructo –que para usufructuarios de 76 y 77 años de edad, sería del 13 y 12 por ciento, respectivamente- conforme resulta del artículo 26 a) de la Ley 29/1987, del que resulta también la aplicación del tipo medio efectivo de gravamen correspondiente al valor íntegro de los bienes.

………….relativa al régimen aplicable a la extinción del usufructo, el artículo 26.c) de la Ley 29/1987 establece que: “c) En la extinción del usufructo se exigirá el impuesto según el título de constitución, aplicando el tipo medio efectivo del gravamen correspondiente a la desmembración del dominio”. En el caso planteado, dado que los adquirentes recibieron por donación la nuda propiedad, cuando se consolide el dominio deberán tributar por el concepto donación tomando en cuenta el valor que tenían las participaciones en el momento de desmembramiento del dominio, no en el de la fecha de la consolidación por el fallecimiento. El impuesto se aplicará sobre el porcentaje que no se liquidó en el momento de adquirirse la nuda propiedad, de acuerdo con la normativa existente en el momento de la desmembración del dominio en lo que respecta a la tarifa (tipo medio de gravamen), reducciones y bonificaciones aplicables.

Sigue leyendo:

Resolución Vinculante de DGT, V0197-18, 30-01-2018 | Iberley

Donación a hijos de la nuda propiedad de participaciones en entidad ‘holding’ con reserva del usufructo vitalicio por parte de los donantes.

Origen: Resolución Vinculante de DGT, V0197-18, 30-01-2018 | Iberley

Nuevo Real Decreto- ley en materia de vivienda y alquiler

Este anunciado decreto entrará en vigor el día 19 de diciembre y regirá para los contratos que se celebrarán  a partir de esta fecha.

Lo más destacable: el aumento de la duración del contrato con derecho a prórroga de hasta 5 años en vez de 3 años de la LAU; el nuevo límite de la fianza;  las obras obligatorias de accesibilidad  en las CP; el procedimiento de desahucio cuando se trata de familias vulnerables; el IBI en caso de rentas limitadas…..

Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

…………………..se ha publicado el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

En primer lugar, se modifica la ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos para, entre otras medidas, extender los plazos de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda, de 3 a 5 años, y a 7 si el arrendador es persona jurídica. También se amplía el tiempo de prórroga si, cumplidos los 5 o 7 años, no existe comunicación de las partes de no renovarlo, pasando de 1 a 3 años. Asimismo, se limita la garantía adicional -aparte de la fianza en metálico de 1 mes- que se puede exigir a solo otras 2 mensualidades -hasta ahora no tenía límite-, salvo que se trate de contratos de larga duración.

En segundo lugar, se modifica la ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal con medidas como el incremento del importe del Fondo de Reserva de las comunidades de propietarios, estableciendo la posibilidad de que esos recursos se destinen a la realización de obras obligatorias de accesibilidad, y extendiendo también la obligación de realizar tales obras cuando las ayudas públicas para ello, a las que pueda acceder la comunidad, alcancen el 75% de las mismas.

En tercer lugar, se modifica la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil introduciendo cambios en el procedimiento de desahucio cuando afecte a hogares vulnerables.

Por último, las medidas fiscales son las siguientes:

• En el IBI: se exceptúa la obligación de que los entes públicos repercutan este impuesto cuando arrienden vivienda con renta limitada; respecto de las viviendas desocupadas, se prevé que dicho concepto se delimite por normativa estatal o autonómica, posibilitando que los Ayuntamientos puedan aplicar el correspondiente recargo o recargos en función del período de desocupación del inmueble; y se crea una bonificación potestativa para viviendas alquiladas con renta limitada de hasta un 95%.
• En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITPyAJD, se deja exento el arrendamiento de inmuebles para uso estable y permanente, operaciones de las que es sujeto pasivo el arrendatario…………………

Fuente: REAF

Defectos constructivos. Cómo interrumpir válidamente la prescripción frente a todos los presuntos responsables.

La conclusión práctica de la resolución comentada se traduce en que el letrado que defienda los intereses de los perjudicados por los vicios o defectos constructivos tendrá que valorar con anterioridad a la interposición del procedimiento si interrumpe la prescripción contra todos los agentes constructivos para evitar que un presunto responsable no quede afectado por la interrupción de la prescripción.

Origen: Defectos constructivos. Cómo interrumpir válidamente la prescripción frente a todos los agentes intervinientes | Civil | LawAndTrends

La actividad del Influencer

woman wearing sunglasses
La publicidad realizada por determinadas personas a través de las redes sociales, está experimentando un importante crecimiento.

Se trata de una actividad que plantea numerosos interrogantes legales, que fueron recientemente abordados en una jornada organizada por Garrigues.

 

 

 

Aspectos fiscales, laborales y de protección de datos

Sobre la fiscalidad del trabajo con influencers, Álvaro de la Cueva distinguió entre la tributación por IRPF y la tributación por IVA.

En cuanto a la primera destacó que en tanto que actividad que combina medios de producción y trabajo, el trabajo de los influencers está sujeta a IRPF, aunque se realice de modo esporádico. En la base deben incluirse los posibles pagos en especie percibidos, en forma generalmente del producto anunciado. Y como este concepto es a su vez fiscalmente deducible para la empresa, hará falta que esta aporte el soporte documental adecuado de la entrega realizada.

En cuanto al IVA, el influencer debe en todo caso emitir factura que incluya este impuesto, la empresa pagarlo y el influencer ingresarlo (o compensarlo en su caso).

A los aspectos laborales se refirió Felipe Ochoa, quien indicó, para empezar, que no existe una regla clara para trabajar con influencers, por lo que en principio, cabe aceptar

la figura del trabajador autónomo. Pero subrayó a este respecto la importancia de evitar la figura de los falsos autónomos (personas sujetas a relación laboral con la empresa, pero con apariencia de ser trabajadores autónomos), para lo que los criterios de independencia y subordinación resultan muy relevantes.

También se refirió a los posibles casos de pluriactividad, en la que un trabajador de la empresa combine su actividad laboral con la de influencer. En estos supuestos Ochoa recomendó suscribir un contrato diferente para cada actividad, en los que sus respectivos ámbitos queden claramente diferenciados.

En ambos casos el punto crítico de la relación suele ser el momento de su extinción o finalización, en la que habrá que dejar todos los extremos lo más claros posible, aplicando transversalmente las cautelas necesarias.

Ochoa se refirió también a los posibles casos de menores influencers y la política de prevención de riesgos laborales a aplicar cuando aquél deba realizar para la promoción acordada actividades que puedan suponer un riesgo físico, pues el juego de las obligación de coordinar las actividades de prevención del anunciante, junto con las posibles indemnizaciones por las lesiones sufridas, puedan acarrear serias consecuencias.

Finalmente, a los aspectos relativos a la protección de datos a que debe someterse esta actividad, fueron abordados por Katiana Otero, quien advirtió de las precauciones que convienen tomar a este respecto.

Por ello puso énfasis en preparar unas cláusulas de privacidad adecuadas que prevean quien va, en su caso, a recoger y a tratar datos personales, así como la finalidad de ese tratamiento, teniendo especial cuidado con los relativos a menores y el principio de accountability o responsabilidad proactiva que debe respetarse, velando en particular porque comprobar que todo interesado es quien dice ser.

Y aunque contratar a un influencer no supone necesariamente que la marca acceda a su base datos de seguidores, Otero recomendó precisar tanto el posible uso que se va a hacer tanto por el influencer de la base de datos de contactos que le pueda suministrar la marca, como la de seguidores influencer a la que pueda acceder esta, teniendo en cuenta que en determinadas circunstancias el influencer podría ser considerado encargado del tratamiento de esos datos.

Carlos B Fernández.

 

Los Abogados tienen 10 meses para inscribirse en el RM

El plazo termina el 4 de septiembre de 2019 bajo pena de sanción de hasta 6.000 euros.

El Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, publicado en el BOE de 4 de septiembre, introduce en el apartado 33 de su art. 2 una Disposición Adicional Única en la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para regular la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

“Las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de esta ley, deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio”.

¿Quiénes deben inscribirse?

La obligación alcanzará a las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional:

a) Constituyan sociedades u otras personas jurídicas;

b) Ejerzan funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejos de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones;

c) Faciliten un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos;

d) Ejerzan funciones de fideicomisario en un fideicomiso (trust) expreso o instrumento jurídico similar o dispongan que otra persona ejerza dichas funciones;

e) Ejerzan funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conforme con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza esas funciones (en el papel de testaferros…).

¿Cómo realizar la inscripción?

Las personas físicas o jurídicas que a 4 de septiembre de 2018 se encuentren realizando alguna de las actividades anteriormente indicadas y no se hayan inscrito, deberán inscribirse antes de un año, esto es, antes del 4 de septiembre del 2019.

De igual modo, aquellas que ya estuviesen inscritas en el Registro Mercantil deberán dentro del mismo plazo, presentar una manifestación indicando estar sometidas a las normas incluidas en el Real Decreto Ley, siendo que las personas jurídicas, en todo caso, deberán presentar adicionalmente una manifestación indicando e identificando, al correspondiente titular real o los titulares reales que resulten en cada caso.

Para el resto de personas físicas y jurídicas afectadas por el Real Decreto Ley, deberán inscribirse en los términos anteriormente indicados con anterioridad al inicio de sus actividades en el Registro Mercantil territorial competente según sea su domicilio.

La inscripción se realizará a través de un formulario telemático elaborado por el Ministerio de Justicia.

Cuentas Anuales

Por otra parte, las personas físicas (no profesionales) y las jurídicas prestadoras de servicios a sociedades, si no lo disponen sus normas reguladoras, estarán sujetas a la obligación de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil acompañadas de un documento del que resulten los siguientes datos:

a) Los tipos de servicios prestados.

b) El ámbito territorial donde opera.

c) La prestación de este tipo de servicios a no residentes.

d) El volumen facturado por estos servicios en el ejercicio vigente y en el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se debe indicar así expresamente.

e) El número de operaciones realizadas. Si no se hubiera realizado operación alguna se deberá indicar así expresamente.

f) En su caso, el titular real si existiere o la modificación del mismo respecto del que ya conste en el Registro.

Los prestadores de servicios a sociedades que sean personas físicas profesionales estarán obligadas a depositar, de manera telemática, un documento similar al descrito (a efectuar dentro del primer trimestre de cada año) pero obviando, como es lógico, el contenido referente a la titularidad real.

La falta de inscripción de las personas físicas o jurídicas que se dediquen a las actividades obligadas a inscripción, o la falta de manifestación de sometimiento a la misma o de la titularidad real en el caso de personas jurídicas, tendrá la consideración de infracción leve pudiendo ser sancionada con multa por importe de hasta 60.000 euros.

Estas sanciones podrán ir acompañadas de un requerimiento al infractor para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla.

Desconcierto y malestar

A pesar de que probablemente muchos aspectos de la nueva regulación deberán ser “matizados” por un desarrollo legal posterior, es constatable que los términos normativos expresados en el RDL 11/2018 han dado lugar, cuando menos, a desconcierto y malestar entre los abogados.

Fuente:

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA

http://cissactualidad.ciss.es

 

Roleplayjuridico | El Procedimiento Monitorio después de la reforma operada por la Ley 42/2015

Documentación justificativa de la deuda. Inadmisión a trámite

La deuda ha de ser líquida, vencida y exigible, debiendo acompañar a la demanda monitoria (que puede ser sucinta) un “principio de deuda” que nuestros Juzgados y Tribunales vienen entendiendo de distintas formas; las Audiencias Provinciales han determinado de forma más o menos pacífica que toda aquella documentación que justifica indiciariamente las relaciones mercantiles entre las partes y la generación de la deuda reclamada es suficiente, pero los Juzgados de Instancia, entiendo que por exceso de trabajo en unos casos y exceso de celo del LAJ en otros, inadmiten a trámite demandas monitorias en supuestos en los que la deuda está plenamente acreditada, amparándose en falta de albaranes (aunque haya certificados de entrega de empresas de transporte o facturas firmadas) o por aportación de copias en lugar de originales. Lo más gravoso es que inadmiten sin conceder plazo para subsanar, a salvo del derecho de la parte a presentar recurso de apelación, o en su defecto a presentar nuevamente la demanda monitoria, previa petición de desglose de la documentación acompañada junto a la demanda.

Lo más práctico es acompañar junto a la solicitud toda la documentación que tengamos, designando archivos en los casos en los consideremos que pueda faltarnos algún documento considerado como principio de deuda.

Sigue leyendo:……

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España permite jubilarse y trabajar a la vez como autónomo. Estas son las reglas

Jubilarse y seguir trabajando como autónomo es factible en España. La normativa en nuestro país permite a este tipo de profesionales cobrar la pensión y seguir desarrollando una actividad por cuenta propia. No obstante, las personas que quieran acogerse a esta modalidad deberán cumplir con una serie de requisitos. Los autónomos que quieran jubilarse y […]

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Autónomos en el Sistema RED

A partir del 1 de octubre los empresarios, profesionales y administradores de sociedades que cotizan por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos están obligados a usar los medios telemáticos del sistema Red de la Seguridad Social. A estos efectos deben acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social e identificarse de la siguiente forma:pexels-photo-955448.jpeg

  • Por medio de un Certificado digital, que se debe solicitar a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, acudiendo de forma presencial a cualquiera de las oficinas de la administración. Una vez concluido el registro presencial, se enviará un archivo al correo electrónico facilitado que deberá descargar e instalar en el ordenador o dispositivo móvil compatible.
  • Con alta en el sistema cl@ve, que debe solicitar telemáticamente, aportando una serie de datos personales. Una vez completado el registro, llegará una carta al domicilio del solicitante con las instrucciones para finalizar el proceso. También es posible acudir presencialmente a una oficina de registro para finalizar el trámite.
  • O bien con DNI electrónico. En este caso, será necesario tener un lector de tarjetas inteligentes conectado a un ordenador.

 Una vez cumplido con el deber de usuario del Sistema RED se pueden realizar todos los trámites de forma electrónica. Modificar la actividad, base de cotización y datos personales. Además tendrá acceso a los informes laborales y cuotas ingresadas.

info@asesoriafiscalponte.com